2 ¿Pacificación? ¡Se violaron los derechos humanos!

A lectura de la Constitución, un Gobierno Transitorio tiene la única responsabilidad de convocar en el tiempo prudente, a nuevas elecciones y esa era según norma, la función de Añez. Pero respaldada por su gabinete, la Policía y FF.AA. golpistas, al viejo estilo de las dictaduras militares desató una represión sañuda contra el pueblo movilizado desde las vísperas del 10 de noviembre.

El golpe de Estado de noviembre 2019 instauró un régimen a la cabeza de Jeanine Añez cuya sistemática violación de derechos humanos es la característica esencial del gobierno transitorio. La pacificación del país y el llamado a elecciones fueron las únicas tareas que debía realizar en el plazo inmediato.

A casi 9 meses del gobierno de facto ni la pacificación ni el llamado a elecciones se han cumplido, con un gobierno transitorio que utiliza la pandemia para prorrogarse en el poder. Vivimos como lo ha calificado el profesor Raúl Zaffaroni en un Estado de No Derecho y que ha llevado al país a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes.

El régimen ostenta el triste récord de ser uno de los gobiernos más denunciados por vulneración de derechos humanos en el mundo, en tan sólo 9 meses de gestión. Desde órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría para la Libertad de Expresión, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de NNUU, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa de la ONU, hasta organismos de reconocida trayectoria como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, sólo por nombrar algunos, todos se manifestaron condenando las violaciones de derechos humanos en Bolivia, generando una imagen a nivel internacional de un régimen contrario a los derechos humanos. Recopilamos algunas de las mayores violaciones en este campo:

Masacre de Sacaba, Senkata, Vetanzos y otros asesinatos en la zona sur. Constituyen los hechos más graves de vulneración de derechos humanos, con más de 30 muertos, 800 heridos y cientos de detenidos. Son calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual implica que son Crímenes de Lesa Humanidad, susceptibles de ser perseguidos internacionalmente, por ejemplo ante la Corte Penal Internacional. Estos hechos se dieron al poco tiempo de la autoproclamación de la Sra. Áñez y fueron precedidos por el DS 4078 de 14 de noviembre de 2019, un día antes de la masacre de Sacaba, que exime de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales. En las masacres se verificaron además torturas y desapariciones forzosas. A julio de 2020, las investigaciones no han avanzado y se cierne un manto de impunidad en estos gravísimos hechos. Los asesinatos de la zona sur en Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, se dan poco antes del 12 de noviembre y hasta ahora han quedado sin ninguna investigación.
Persecuciones políticas. La persecución judicial y política es una de las expresiones más evidentes de este gobierno de facto como parte de su estrategia de guerra jurídica (lawfare), es decir, la utilización de la justicia con fines políticos. La persecución judicial y política se inició contra partidarios del MAS, dirigentes sociales y cualquiera que osara desafiar al gobierno de facto. Los delitos frecuentes por el que se iniciaron las persecuciones fueron sedición, terrorismo, corrupción, características típicas del lawfare. Destacamos la persecución política contra Patricia Hermosa, ex Jefe de Gabinete de Evo Morales; a los siete asilados en la Residencia de México a quienes les niegan lo salvoconductos, a pesar de que México ya concedió el asilo; al candidato de MAS-IPSP, Luis Arce, con el fin de inhabilitarlo; al propio ex Presidente Evo Morales, con el mismo fin; a Facundo Molares, periodista argentino acusado de pertenecer a las FARC y haber organizado las movilizaciones de octubre y noviembre, sin pruebas!!.
Exacerbación del odio y del racismo. El odio y el racismo son las características del régimen, si bien se intentó disimular, viene precedido por la quema y ofensa a la wiphala, la suspensión y ataque a las 53 radios comunitarias. La propia presidenta de facto manifestó “Debemos impedir que retornen los salvajes”.
No ingreso a compatriotas. En un hecho sin precedentes, con la excusa de la cuarentena, se impidió el retorno de cientos de bolivianos (entre ellos mujeres embarazadas, adultos mayores y niños) que retornaban de Chile por tierra, se le impidió el paso argumentando que ponían en riesgo la salud de los demás. Ninguno tenía COVID y tuvieron que esperar semanas para ingresar. En contrapartida, días antes se permitió el retorno de bolivianos que llegaban por avión, e incluso se les permitió hacer la cuarentena en sus domicilios. Vulnerando los derechos de los primeros y creando ciudadanos de primera y de segunda.
Libertad de expresión. Mediante varios decretos supremos el gobierno con la excusa del Covid-19 restringió la libertad de expresión estableciendo sanción penal a la persona que desinforme sobre la pandemia, incluyendo expresiones artísticas. Esta grave vulneración de la libre expresión fue observada por la Relatoría de Libertad de Expresión y por la organización Human Rights Watch y de cientos de organizaciones en Bolivia. A raíz de estos decretos, varios ciberactivistas también fueron detenidos, acusados de atentar contra la salud. La presión social obligo al gobierno transitorio a derogar los decretos.
Derecho la salud. La pandemia fue utilizada por el gobierno para la vulneración de derechos humanos y para prorrogarse en el poder. A pesar de señalar que su lucha es por la salud contra el Covid 19, su incapacidad ha llevado a una catástrofe sanitaria en el país, sin respiradores, sin medicamentos, sin pruebas masivas, sin laboratorios, lo cual se constituye en un atentado directo a la salud. Bolivia está entre los diez países del mundo que peor gestiona la pandemia (New York Times).
Derecho a la educación. Al igual que la salud es la primera función del Estado, que tiene la obligación de sostenerla, gestionarla y garantizarla. La incapacidad e irresponsabilidad del gobierno transitorio la llevó a una de sus peores crisis en los últimos años, sin lograr acuerdos con los maestros ni con los padres de familia sobre todo para acceder a una educación virtual que alcance a todos. Finalmente, sin poder hallar soluciones terminan clausurando el año escolar, dañando a millones de estudiantes que se quedan privados de este derecho, en incertidumbre por el futuro de sus estudios. No existe gobierno en el mundo donde la emergencia de la pandemia haya llevado a quitar la educación de su niñez y juventud como el de Añez. Se reducido en 35% la matriculación de estudiantes universitarios en las U. privadas de todo el país por carencias tanto de ingresos para pagar la matriculación y pensiones mensuales, como para muñirse de los equipos tecnológicos suficientes para pasar clases virtuales (Fuente: Diario Pagina Siete). Estas últimas limitaciones están sufriendo con mayor razón, los universitarios de las U. estatales, cuya gran mayoría proviene de sectores con relativamente menores ingresos familiares y/o personales.
Derechos políticos. Uno de los derechos más afectados por el gobierno transitorio, fue el derecho a tener elecciones de manera oportuna. El gobierno con la excusa de la cuarentena intentó que se postergarán indefinidamente éstas (se postergaron en más de 3 oportunidades), privando de un derecho político fundamental: contar con un gobierno legítimo y democráticamente elegido. Decenas de países celebraron elecciones durante la cuarentena; el más reciente ejemplo, el de República Dominicana el 5 de julio pasado que no significó el aumento de contagios. Por otro lado, impiden las elecciones pero obligan a que cientos de bolivianos hagan filas en bancos, mercados, servicios o para acceder a garrafas de gas, cuando a todas luces, el día de las elecciones es el día que no existe viajes, comercio, tiendas, mercados, transporte, actividades sociales, colas en los bancos, etc, etc. A esta vulneración de derechos se ha sumado el TSE que de manera ilegal, arbitraria e inconsulta fijó una nueva fecha de elecciones sobrepasando a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Destrucción de las empresas estatales en especial YPFB. Recursos naturales. Los recursos naturales y su manejo adecuado constituyen la base material de los derechos humanos como lo señalan los principales pactos internacionales de derechos humanos. Por ello, el daño a las empresas estatales por parte del gobierno de facto, en particular de YPFB, la empresa estatal más importante de Bolivia, con casos de corrupción, malos manejos, negociaciones contrarios a los intereses del país, ponen en vilo el futuro del país y la vigencia de los derechos humanos. En esta misma línea, preocupan las gestiones para la entrega del litio a intereses foráneos. Los atentados y desmantelamiento de la estabilidad económica y las empresas estatales dejadas por el proceso de Cambio, están directamente relacionados con los Derechos Económicos, Sociales y culturales (DESC), en tanto los DESC solo pueden materializarse con una redistribución de la riqueza, misma que solo puede ser possible si el país y su economía es soberana, es autónoma de los intereses de las transnacionales y es patriótica.
Estan convocados entonces los intelectuales sensibles, las organizaciones populares, la dirigencia sindical, las Universidades, la academia, los politicos, las regiones, la juventud y todo el pueblo, a una lectura crítica de una parte de nuestra historia reciente que se encuentra en el Informe Preliminar de la CIDH del 10 de diciembre de 2019, en el Informe Final de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano de diciembre de 2019, en el reciente Informe “Nos dispararon como a animales” de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard de la Red Universitaria por los Derechos Humanos, que dan cuenta de manera sistematizada de las graves violaciones de derechos humanos del gobierno de facto, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.