5 La economía, el retorno neoliberal y su fracaso
Desde noviembre de 2019, el autoproclamado gobierno, a pesar de ser un gobierno de transición tomó atribuciones de un gobierno elegido democráticamente e implementó, de manera autoritaria, unilateral y poco transparente, medidas de corte neoliberal, que además de deteriorar el crecimiento y la estabilidad económica, generó incertidumbre en la población, comprometiendo el futuro del país en el mediano y largo plazo, Algunas de las malas políticas son las siguientes:
Exportaciones: En enero de este año, se liberalizaron las exportaciones poniendo en riesgo la estabilidad de precios y el abastecimiento de los principales productos alimenticios, una medida innecesaria puesto que en los años anteriores ni siquiera se alcanzó los cupos de exportación autorizados. En 2018 de 600 mil toneladas autorizadas como cupo para la soya, sólo exportaron menos de 10 mil toneladas. Esta medida de liberalización permitirá que los grandes productores prioricen las exportaciones de sus productos antes que abastecer el mercado interno, lo cual repercutirá en un incremento de los precios de los productos de la canasta familiar como del pollo, aceite, azúcar, arroz. Debe considerarse que el abastecimiento de alimentos en todas las ciudades del país para el consumo popular, principalmente de los sectores de bajos e incluso medios ingresos, ha estado y continúa más -aún con la pandemia-, a cargo de los productores indígenas originarios campesinos, que a más de represión y humillación, no han recibido absolutamente ningún apoyo por parte del gobierno golpista.
Créditos: La política de acceso a vivienda a través del Crédito de Vivienda de Interés Social que benefició a más de 82.000 hogares sufrió un retroceso. Ahora las familias para acceder a un crédito tienen que aportar nuevamente entre el 15% y 20% del costo de la vivienda lo que significa que aquellas que no cuentan con este aporte no podrán acceder a una vivienda propia. Además, el gobierno de facto redujo las metas de cartera que en el gobierno del Proceso de Cambio, obligaba a las entidades financieras otorgar créditos productivos y de vivienda de interés social, volviendo de esta manera a los años 90 donde se favorecía a los bancos antes que al consumidor financiero, en procura de recursos para una vivienda propia.
Ingresos Tributarios: En el caso de la recaudación tributaria los ingresos se vieron mermados principalmente por la falta de continuidad de la recaudación tributaria, truncada con 21 normativas (2 decretos supremos y 19 resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales) que prorrogaron el cobro y redujeron la base imponible de los impuestos, sumado a ello se destapó casos de corrupción al interior de la mayor entidad recaudadora de impuestos, en los que mediante resoluciones se hacía prescribir o disminuir adeudos tributarios, favoreciendo principalmente a empresas privadas. Desde la posesión del gobierno transitorio hasta el mes de abril de esta gestión el país dejó de percibir Bs11.391 millones, aproximadamente unos USD1.637 millones.
Empresas Públicas: Se busca privatizar las empresas estatales que fueron creadas para fortalecer el aparato productivo y con estas redistribuir los ingresos a la población a través de mayor inversión para la industrialización y bonos sociales, subvenciones y otros. Entre noviembre y diciembre del año pasado varios ministros de Estado, señalaron que se privatizarían las empresas estatales debido a que estas “eran deficitarias”. Empresas como la productora de urea y amoniaco y otra de producción química en base a hidrocarburos, han sido paralizadas, cuya intencionalidad privatizadora y cierre de las empresas estatales en general, se inscribe en el DS. 4272 cuando se establece su “auditaje”.
Pese a que en 2018 contaban con Bs3.526 millones en utilidades, ahora comenzaron a buscar excusas con una lógica de desprestigiar y quebrar a las empresas públicas estatales para luego, entregarlas, junto a los recursos naturales, a la “iniciativa” privada nacional e intereses extranjeros.
Muchos de los mercados, contratos y servicios que proveían de las empresas del Estado pasaron a formar parte del kit de productos y servicios de empresas privadas. Asimismo, los medios de comunicación evidenciaron y mostraron el incremento de sueldos en niveles ejecutivos de las empresas y no así a los trabajadores (Bs100.000, —como sueldo de un gerente), en contraposición a los despidos y manejo discrecional del personal técnico, sumado a una ola de hechos de corrupción como los casos de YPFB, ENTEL, BoA, entre otros.
En el caso de YPFB, la empresa más grande el país, cambió tres (3) veces de presidente interino en tan pocos meses, esta situación da cuenta de lo que es la conducción de la economía en el régimen del gobierno de transición, pues además de la denuncia de hechos de corrupción como la compra de combustible a precios altos, pago de refrigerios cerca de USD60 al día y la controversial forma de adquirir un seguro para la empresa, entre otros, a inicios de marzo de este año se realizó la firma de una Adenda al Contrato con Brasil para la venta de gas natural.
Este aspecto es supremamente importante por cuanto un gobierno de transición, cuya única misión fue convocar a elecciones, se tomó la atribución de definir la política hidrocarburífera del país hasta el 2025, sin ninguna legitimidad y poca transparencia,1 con unas implicancias económicas de mediano plazo por aproximadamente USD3.134 millones2 que Bolivia dejaría de percibir como ingresos por la venta de gas, además que el costo de transporte del gas que antes pagaba PETROBRAS ahora lo asume Bolivia que representan una pérdida de USD350 millones hasta el 2025.
La disminución de ingresos tributarios y de nuestras empresas públicas no solo perjudica al nivel central del Estado sino principalmente al nivel subnacional puesto que estos recursos son redistribuidos a los municipios, gobernaciones, universidades públicas y las políticas sociales que se nutren de estos ingresos como la Renta Dignidad y el bono Juancito Pinto.
Gastos e Inversión: La inversión pública disminuyó en más de 15%, debido a la paralización de proyectos productivos, de infraestructura y sociales, con el supuesto fin de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, lo único que se consiguió fue frenar abruptamente el crecimiento y desarrollo del país, teniendo a la fecha deuda con empresas lo cual repercute en que estas no puedan cumplir con sus obligaciones con trabajadores y proveedores, ni emprender nuevos proyectos.
En materia social se suspendieron las transferencias para el pago del bono Juana Azurduy de las madres embarazadas, Moto Méndez de las personas con discapacidad, el Sistema Único de Salud, que fue implementada para beneficiar a la población que no cuenta con un seguro de salud universal, entre otros.
Paradójicamente, el aparato militar y policial que fue utilizado para reprimir a la población, fue favorecido con alrededor de Bs80 millones en el último bimestre de 2019 y Bs612 millones entre enero y mayo de este 2020, para la compra de equipo de represión y otros, acentuando con este tipo de actuados el déficit fiscal.
Sumado al anterior punto, el gasto público se incrementó de manera innecesaria con el despido masivo de profesionales y gente trabajadora, además del cuoteo y violación de los derechos laborales en empresas e instituciones públicas, y en contra de la institucionalidad que se construyó en muchos años, reforzando la incertidumbre en la economía. Se gastaron Bs50 millones en 2019 en beneficios sociales, situación que se prevé se extenderá en la gestión 2020.
El despido masivo de trabajadores, las políticas pro-ciclo recesivo de corte eminentemente neoliberal y la caída de los ingresos en general, ha hecho caer en picada la demanda efectiva y ha mermado el poder de compra de la población, a riesgo de generar desnutrición e incluso hambre en las familias de más bajos ingresos. Pese a ello, el gobierno en el D.S. 4272 aplica medidas sólo en beneficio de la gran empresa agroindustrial-exportadora y de las grandes empresas minero-exportadoras.
La Pandemia: El COVID-19 llega a Bolivia en marzo de este año con los dos primeros casos positivos. Sin embargo, la respuesta del gobierno a este hecho de alcance mundial fue improvisada, tardía, débil en su organización, discriminatoria y poco transparente en la información, prueba de ello es que en estos meses de pandemia se han tenido a 3 ministros de salud.
Estos hechos hacen que hasta ahora no se puede atender las necesidades sociales que emergieron de la pandemia como la atención y equipamiento en salud (tests, respiradores, reactivos y laboratorios)3. En más de 120 días de cuarentena no se pudo preparar al país para que la población pueda afrontar la pandemia. Por el contrario, en plena cuarentena salieron a la luz varios casos de corrupción como el de la compra de respiradores que terminó con la destitución del Ministro de Salud, Marcelo Navajas.
En materia económica y considerando que la pandemia tiene efectos por el lado de la oferta y también de la demanda, las medidas adoptadas tampoco fueron acertadas.
Una implementación débil de bonos sociales no dio resultado para contrarrestar la disminución de los ingresos de las familias. A partir del mes de abril se empezaron a pagar 3 bonos por única vez (bono familia, bono universal y canasta familiar), que hasta el mes de junio no terminaron de llegar a la población total pues existen cientos de quejas respecto a la forma de pago y la discriminación que existe en ello, pese a existir la logística y los mecanismos que se usaban para el pago de las políticas sociales llevadas adelante por el anterior gobierno.
Las medidas anunciadas para coadyuvar a las empresas tampoco han llegado, pues los créditos ofrecidos mantienen las condiciones anteriores a la pandemia, sin considerar que COVID-19 y la cuarentena disminuyó notablemente los ingresos de la población y por ende no hay la suficiente demanda para que las empresas puedan tener ingresos como fue antes de ella. Además, que el anunciado Plan de Empleo desde el mes de abril hasta ahora no da resultado.
La disminución de ingresos del Estado producto de las medidas adoptadas antes de la pandemia, acompañado de las crecientes necesidades emergente del COVID-19 han hecho que el gobierno acuda a crédito externo e interno que sobrepasan los USD2.000 millones, sin embargo, se observa poca transparencia en ello, pues el argumento utilizado es la pandemia, empero hasta la fecha no existe un informe de cuánto dinero exactamente se ha destinado a ello.
Consecuencias en la Economía: La incertidumbre generada derivó en que las familias y empresas retiren sus depósitos de los bancos. Entre octubre y enero posterior a las elecciones los depósitos en las entidades de intermediación financiera disminuyeron en USD1.171 millones, es decir, por primera vez, luego de trece años de continuos incrementos, las captaciones del sistema financiero sufrieron una caída.
Debido al entorno de inestabilidad, la población comenzó a adquirir dólares, así, entre octubre y diciembre de 2019, la venta de divisas del Banco Central de Bolivia ascendió a USD1.730 millones, monto que no retornó al sistema financiero, es decir, no ha retornado la confianza del público en el manejo económico, reviviendo los fantasmas de la devaluación y la dolarización, lo cual implica un retroceso en los notables avances en crecimiento y estabilidad económica.
De igual forma, con la disminución de las Reservas Internacionales acentuada en el último trimestre del 2019, las salidas de depósitos del sistema financiero, la disminución de los ingresos tributarios, el déficit fiscal, entre otros aspectos, importantes organismos internacionales como Fitch Ratings, Moody´s y Estándar & Poor’s, bajaron en los últimos meses la calificación de riesgo de Bolivia a B+ en noviembre de 2019, B1 en marzo de 2020 y B+ en abril de 2020, respectivamente.
Uno de los informes de estos organismos señala entre las causales “interrupción material de la actividad económica después de las elecciones de octubre de 2019”, además alertaron que la estabilidad del tipo de cambio está en riesgo, lo que supone retornar a la época de las continuas devaluaciones registradas durante en el periodo neoliberal.
Este panorama incierto junto a las medidas de corte neoliberal que se están aplicando, tienen un efecto adverso en el desempeño de la economía boliviana, lo cual se tradujo en un crecimiento del 1,1% en el último trimestre de 2019 y al mes de abril de 2020 del -5.6% negativo, situación que hacer ver además de la “recesión”, que la economía nacional se encuentra en plena caída esperando a llegar a la “depresión”.
Es curioso pensar que hace apenas 8 meses atrás quedaron los años donde la economía nacional con políticas propias y planificadas permitieron el liderazgo de crecimiento entre los países de América del Sur, además de otros resultados económicos y sociales que dieron estabilidad a la población.
5.1 Entrega de la soberanía nacional al Fondo Monetario Internacional
Jose Luis Parada, Ministro de Economía y Finanzas Publicas y Guillermo Aponte, Presidente del Banco Central de Bolivia a través de una Carta de Intención, del 10 de abril de 2020, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente al FMI han realizado una solicitud de préstamo con el siguiente texto: “el gobierno de Bolivia solicita un financiamiento de emergencia del FMI por el equivalente a DEG 240,1 millones (alrededor de US$332 millones), lo cual corresponde a una compra del 100% de nuestra cuota en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR)”.
Estos dos funcionarios del Gobierno de facto, en la Carta de Intención, reconocen que ya han tomado acciones para eliminar las empresas públicas indicando: “en el contexto de la solicitud de compra en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido el nuevo gobierno redujo la inversión de las empresas públicas para mantener el déficit del sector público no financiero (SPNF) en 7,2% del PIB en 2019”. Pero ademas, se comprometen a reducirlas más: “Compensaremos algunas necesidades financieras adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB”. Asimismo se comprometen a realizar “más ahorros de contingencia en gasto no prioritario que podrían implementarse en caso de que la crisis recrudeciera o de que nuestros pronósticos del ingreso fiscal resultaran optimistas”.
Por si esto fuera poco, unilateralmente ofrecen al FMI, tomar decisiones sobre las politicas economías de Bolivia: “Además, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros”. Y como parte de la aceptación del préstamo el Fondo monetario Internacional advierte que en el próximo periodo será necesario flexibilizar la tasa de cambio.
5.2 Programa de reactivación del empleo: consolidación del intento neoliberal
El programa de “reactivación del empleo”, promulgado con Decreto Supremo 4272, por el gobierno de facto, es la consolidación definitiva del intento de restauración neoliberal, del gobierno de facto porque, a pesar de la improvisación de esta medida, expresa en todo su contenido, la adopción de un esquema de desarrollo económico basado en el enriquecimiento del sector financiero y las gran empresa privada.
Todas las medidas de este decreto están orientadas a asegurar las ganancias del sector financiero, resolver los problemas financieros de las grandes empresas, porque entre otras medidas, se destinan 12.000 millones de bolivianos para refinanciar las deudas del sector privado, y se destinan apenas 1.500 millones de bolivianos para alrededor de 750.000 MIPyMEs.
Y lo más paradójico, es que este decreto de “reactivación del empleo” no establece ninguna medida de protección al empleo, es decir los empresarios, aunque reciban recursos del estado para “reactivar el empleo”, no tienen ninguna obligación de mantener las fuentes laborales, es decir pueden despedir a los trabajadores el rato que les plazca. La explicación es que para el modelo neoliberal, el empleo y la desocupación son componentes de ajuste, es decir, “la desocupación es necesaria para promover la acumulación de capital y en la medida en que la acumulación crezca, se irá absorbiendo el desempleo”.
5.3 El peligro de la restauración neoliberal en Bolivia y los pueblos del mundo.
Ya es totalmente evidente la intención del gobierno de facto, de implementar el modelo neoliberal en Bolivia.
El fundamento del neoliberalismo es el fortalecimiento de la capacidad de acumulación de capital de las grandes empresas, con la peregrina idea de que, en la medida en que la empresa privada acumule mayor capital, a través de las fuerzas del mercado laboral y las oportunidades de emprendedurismo, se generara un derrame virtuoso para la superación del desempleo y el bienestar de toda la sociedad. Esta teoría del derrame no ha funcionado en ningún lugar del mundo, por el contrario, las brechas entre ricos y pobres han crecido sin pausas y el desempleo y subempleo se han incrementado crecientemente.
Entonces todas las medidas anteriormente descritas, como el desmantelamiento de las empresas públicas, el favorecimiento al sector financiero y las grandes empresas privadas, el asalto a las arcas del Estado, la toma de empresas públicas por agentes privados, como YPFB, BOA, etc., la desprotección al empleo, los compromisos ante el FMI, el endeudamiento hasta niveles insostenibles, entre otras, son medidas que intentan restaurar el modelo neoliberal, lo que luego de pandemia significara que la crisis se descargue en las espaldas del pueblo y el discurso será que, ante la crisis y la falta de recursos, “el pueblo se debe ajustar los cinturones hasta que la inversión privada se fortalezca y tenga capacidad de generar empleo”, lamentablemente esta será una nueva etapa de sufrimiento del pueblo boliviano, en favor de las grandes empresas privadas y las transnacionales; como muestra cercana está el sufrimiento del pueblo argentino, a manos de Macri que a pesar de batir el record mundial de endeudamiento no pudo aplicar el modelo neoliberal, simplemente porque no funciona.
Respecto a los proyectos de industrialización, las políticas económicas asumidas por el gobierno de facto de la señora Añez, tienen la clara intencionalidad de hacer fracasar estos proyectos altamente prometedores para la industrialización sostenible, que remonte el atraso y la desigualdad que caracteriza a la economía boliviana, cuyo objetivo final es entregar estos proyectos a la voracidad de las empresas transnacionales a cambio de dadivas para generar fortunas personales de este grupo rapaz que gobierna Bolivia en las actuales circunstancias.