14 La destrucción de la educación en corto tiempo

Los atentados a la educación como función vital del Estado y como derecho humano, no solo explicitan la incapacidad de un personaje funesto en la política boliviana, sino las secuelas de actos que riñen con el más elemental sentido común. Desgraciadamente, la fuerza social de los maestros no pudo frenar tanta destrucción y desconocimiento de la Ley Avelino.

Debido a que la gestión en el ministerio de educación es de conocimiento general, hacemos un punteo lacónico de hechos en este campo tan importante de la política del gobierno de facto:

En noviembre (18) de 2020, es nombrada Virginia Patty Torrez, como Ministra de Educación. Ruddy Patty Torrez, hermano de la Ministra de Educación, determina el despido de 100 servidores públicos y extorsiona con el 50% de salarios a nuevos funcionarios nombrados.
En enero de 2020, Virginia Patty Torrez, es sustituida por Víctor Hugo Cárdenas, como nuevo Ministro de Educación, como consecuencia, mas de 800 maestras y maestros del Programa PROFOCOM, son declarados en acefalia y despedidos.
El trostkismo, cómplice del golpismo, cogestiona los cargos en compulsas y determina despido de técnicos de diferentes áreas del Ministerio de Educación sin motivación legal.
El Ministerio de Educación, determina receso de actividades académicas en todo el sistema educativo Plurinacional (13 de marzo de 2020), dicen como mediada preventiva contra la pandemia del coronavirus y anuncia un plan de contingencia que nunca llega.
El ministerio de educación anuncia un plan de contingencia para el retorno a clases (31 de marzo) y afirma: “… algunos docentes quieren compensar con la forma virtual lo que no trabajaron en aula. Quiero decirles a esos docentes, que una plataforma virtual nunca va a sustituir las clases que imparte un educador (…)”
14 de abril, El ministerio de educación, anuncia que se combinaran diferentes modalidades de educación para el retorno a clases, afirmando: “Vamos a tener que combinar formas de educación presencial de docente en el aula, con educación virtual a través de plataformas virtuales y también con educación a distancia.”
En 27 de abril de 2020, inicia la privatización de la educación. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, firmó un convenio interinstitucional con Microsoft CISCO, Google, TIGO para que se hagan cargo de la educación virtual en Bolivia sustituyendo a la capacidad técnica y profesional que existía en el Ministerio de Educación despidiendo a la parte técnica encargada de elaboración de material didáctico.
Firma de convenio interinstitucional con ENTEL, para dotar de megas a los estudiantes por Bs. 2 sin tomar en cuenta los costos día, semana y mes respecto de la cantidad de horas y número de usuarios por familia, y anuncia que no existe capacidad de las y los maestros para desarrollar educación a distancia o virtual.
En el mes de mayo, cerraron unidades encargadas de la especialización docente, declaró en acefalia a ítems de maestras y maestros encargados de la formación complementaria, entregando la responsabilidad a la empresa privada como la Universidad Católica.
Se promulga el Decreto Supremo 4260 que reglamenta la educación virtual, a distancia, así como la presencial. La norma privilegia la iniciativa privada y deja a libre albedrio la implementación de diferentes modalidades de educación no presencial. Desconoce la realidad socioeconómica y de accesos a medios tecnológicos y de conectividad de una parte de la población que hace que la educación sea discriminatoria.
El DS 4260 dispone: “La implementación del presente Decreto Supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación TGN”, con lo que deja el costo de la educación virtual y a distancia a la responsabilidad de PPFF y Unidades Educativas. Mientras NO se asigna ningún recurso adicional para financiar la educación virtual y a distancia, el gobierno actual, a través de varios decretos, asigna presupuestos adicionales destinados a la policía, FF AA y comunicación que, sumados, significan más de 630 millones de bolivianos.
El 24 de junio, el Ministro de Educación, anuncia acuerdo con las Unidades Educativas Privadas para descuento de mensualidades publicando una tabla que favorece a los empresarios y quen va en detrimento de la economía de los PPFF. La tabla de descuentos, a pesar de los porcentajes hace que los PPFF paguen más de lo que corresponde. El Ministerio de Educación, alega que es un problema entre privados y que la solución es entre los actores. El Ministerio de Educación rechaza propuestas de las y los maestros de educación tanto urbana como rural y soslaya el diálogo para privilegiar a los empresarios.
9 de julio de 2020, se promulgan los reglamentos específicos de las modalidades de atención a la educación.
El magisterio boliviano, convoca a movilizaciones y el Ministerio de Educación se niega a la negociación, discriminando a las y los maestros y anuncia posible clausura de la gestión educativa donde nadie repruebe.
Culpa a las y los maestros del fracaso educativo, señalando que se oponen a la modernización de la educación, sin tomar en cuenta las condiciones no las demandas del derecho universal a la educación.
Anuncia que el país no cuenta con la capacidad necesaria para desarrollar las diferentes modalidades de atención, desconociendo los avances tecnológicos disponibles (Satélite Túpac Katari, fibra óptica, canales de TV, Telecentros, etc.)
El 02 de agosto, el Ministerio de Educación, anuncia clausura del año escolar alegando que las condiciones tecnológicas y la intransigencia de la dirigencia no permiten seguir con la educación. El 03 de agosto anuncia que se clausura académica y administrativamente la gestión educativa, pero no se paralizan las actividades educativas a distancia y virtual.