3 El desgobierno y la ineptitud en la salud

La gestión desastrosa en materia de salud puede resumirse en los siguientes hechos:

  1. Liquidación y archivo del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, puesto en vigencia en el país desde el mes de febrero mediante la promulgación de la Ley 1152, que significaba la atención universal y gratuita para más de 7 millones de bolivianos y bolivianas no protegidos por los entes gestores de la seguridad social de corto plazo.

  2. Falta de transparencia en el uso de los recursos programados destinados a las atenciones del Sistema Único de Salud y al fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de los hospitales públicos y a la asignación de mayores recursos humanos para la salud. En el cuadro siguiente se registran los recursos destinados al SUS, según gestiones.

Recursos destinados al SUS

Figure 3.1: Recursos destinados al SUS

  1. En la práctica, Jeanine Añez ha estado utilizando estos recursos en la entrega de nuevos ítems y algún equipamiento, cuando estos recursos ya estaban programados en forma creciente hasta la gestión 2023.

  2. Acoso, persecución, apresamiento y, finalmente, retiro de 700 profesionales de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, que se había constituido en un importante paliativo al enorme déficit histórico de salud de Bolivia. Desde 2005, la Brigada Médica Cubana en Bolivia ha realizado 73 millones de consultas y millón y medio de operaciones quirúrgicas (1), ha atendido 60 mil partos y ha salvado 110 mil vidas (2). El retiro de la Brigada en Bolivia ha dejado sin atención gratuita y de alto nivel profesional a los más pobres de nuestro país. La permanencia de la Brigada Médica Cubana en el país, en las actuales circunstancias de la pandemia por el coronavirus, habría sido indudablemente de gran apoyo para contención de la misma.

  3. El Gobierno de facto de Jeanine Anez liquidó importantes programas nacionales del Ministerio de Salud, como el de Salud Familiar Comunitaria Intercultural-Mi Salud (Programa SAFCI-Mi Salud), Bono Juana Azurduy, Telesalud y otros, procediendo al despido de profesionales de estos programas, especialmente al despido de médicos bolivianos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de la República de Cuba. El blanco del cierre fueron sobre todo los programas del primer nivel de atención que estaban dirigidos a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad.

  4. Falta de transparencia en el uso de los recursos. Con motivo de la Pandemia por el coronavirus el país recibió donaciones internacionales, además del retiro de fondos del Banco Central de Bolivia. En el mes marzo, Añez anunció que diversos países de la comunidad internacional (Italia, China) comprometieron más de 100 millones de dólares (euros) para la adquisición de material médico para combatir el coronavirus. Sin embargo, el destino y uso de estos recursos no se conocen hasta ahora. Como consecuencia de la Pandemia, el Banco Mundial puso a disposición del Gobierno de facto la suma US$170 millones de disponibilidad inmediata, como parte del préstamo destinado al fortalecimiento de redes de salud. Tampoco se conoce el uso y destino de estos recursos.

  5. Corrupción. Una característica que resalta a los nueve meses del gobierno de facto es la corrupción. Hasta los obispos de la iglesia católica se han visto obligados a pronunciarse al respecto, expresando que la compra de respiradores artificiales, cuyo costo es $us. 6.600 la unidad según su fabricante español, fueron adquiridos en $us.27.000 por el Ministerio de Salud, operación que le costó a Bolivia más de $us. 5 millones. Además del importante daño económico que este acto de representa para el país, mucho más importante es el daño a la salud del pueblo boliviano, pues hasta ahora la adquisición de esos respiradores para las Unidades de Terapia Intensiva no llegó nunca a los servicios de salud y no se dispone de los respiradores que podrían salvar muchas vidas de los afectados por el coronavirus. El escándalo de corrupción por sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores, de conocimiento de todo el país, dio como resultado el encarcelamiento del exministro Navajas principal sindicado de este acto de corrupción y de otros funcionarios del Ministerio de Salud. Mientras tanto, el ex ministro de salud, Marcelo Navajas, bien gracias, en prisión preventiva en una clínica privada.

  6. Inestabilidad e improvisación en la designación de ministros de salud. Desde el 10 de marzo, fecha en la que se reportan los dos primeros casos de coronavirus en el país se ha tenido 4 ministros de salud: El primero Dr. Aníbal Cruz, del Colegio Médico de Bolivia, como premio a la participación de los gremios de salud en el Golpe de Estado, quien tuvo que renunciar el 8 de abril, en plena pandemia y cuando en el país ya teníamos 200 casos confirmados y 15 muertos a causa del COVID-19. En la misma fecha, la Sra. Jeanine Añez, posesiona en el cargo de Ministro de Salud al Dr. Marcelo Navajas Salinas, médico de Embajada Americana y propietario de clínicas privadas. Actualmente, el Dr. Navajas, ex ministro de salud, se encuentra con detención domiciliaria, acusado por corrupción en la compra de 170 respiradores con sobreprecio. Desde el 20 de mayo, la Dra. Heidy Roca, del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, asume el cargo de Ministra de Salud en forma interina. Finalmente, el 10 de julio el ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, militar de profesión, es nombrado en forma irresponsable como la cabeza del Ministerio de Salud (!!), en tanto dure la recuperación de la ministra interina de esa repartición Heidy Roca, que contrajo la COVID-19. En estas condiciones no se podía esperar que la salud de la población y la pandemia por el coronavirus sean adecuadamente gestionadas.

  7. Improvisación en la gestión de la pandemia por el coronavirus. Centrado en el modelo biomédico, el gobierno aparentemente se preocupó más en la preparación de los servicios de salud para la atención hospitalaria de los casos del COVID-19. La carencia de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la COVID-19, que es otra de las negligencias de este gobierno, no ha permitido, y no permite hasta ahora, conocer el número real de contagiados por el coronavirus en el país. En estas condiciones, tampoco es posible desarrollar acciones efectivas de contención de la pandemia, por más cuarentenas que se hagan.

  8. La aparición de casos graves de COVIB-19, como ocurrió en los departamentos de Santa Cruz y Beni, ha puesto en evidencia que el gobierno no ha tomado las precauciones del caso para enfrentar los casos más graves del COVID-19. Los servicios de terapia intensiva existentes y los que el gobierno dice haber implementado han colapsado en estos departamentos.

  9. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito fue creado para proteger la salud de los bolivianos, inclusive contra epidemias y desastres. Fue preparado fortaleciendo el Sistema con infraestructura, equipos y recursos humanos y debía tener un presupuesto de 1.700 millones de bolivianos para la presente gestión, los mismos que deberían ser empleados para el control y atención de las epidemias de Dengue y COVID-19. Se deberían emplear los recursos del Sistema Único de Salud en la provisión gratuita a la población de barbijos y alcohol en gel. Estos recursos deberían también emplearse para la compra de suficientes pruebas y preparar establecimientos específicos para la atención de los casos graves de COVID-19, con las medidas más estrictas de bioseguridad para el personal de salud que atienda esta epidemia.

  10. Al actual gobierno y al Ministerio de Salud jamás se les ha ocurrido la participación comunitaria, la participación de las organizaciones barriales y de otras formas de organización popular en la vigilancia y el control epidemiológico de la pandemia. Las potencialidades del modelo de atención de la Política SAFCI han sido intencionalmente ignoradas. El Programa SAFCI-MI SALUD, -una de cuyas actividades principales era realizar la regular y programada visita familiar y el uso de la carpeta familiar- ha sido, en la práctica abandonada y borrada del quehacer del ministerio de salud, cuando en las actuales circunstancias habría sido un instrumento de gran utilidad y mucha efectividad en la contención de la pandemia.