Golpe de Estado y persecución política (2019-2020)

Quienes se autoengañan en sentido de que en Bolivia no hubo golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, deberán leer los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en los que queda explicitada la sucesión presidencial: Presidente, Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados. Jeanine Añez era segunda vicepresidenta por la bancada minoritaria y tanto la ley como el reglamento general de la Cámara Alta no señalan en parte alguna de esos textos que quedaba habilitada para acceder al cargo. Una minuta de comunicación del Tribunal Constitucional, con la que se tramitó su juramento a cargo de efectivos militares, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.

En ese contexto espurio, en el que el supuesto doble objetivo era anular unas elecciones generales por presunto fraude y expulsar del poder a Evo Morales, los distintos actores políticos que propiciaron la posesión de Añez creyeron que se produciría una transición sin contratiempos, exclusivamente orientada a la realización de nuevas elecciones, objetivo que quedó distorsionado cuando la presidenta de facto se habilitó como candidata, sumándose a la lista de aspirantes a ser elegidos en las urnas, decisión de la que se arrepintieron ella y su entorno cuando ya era tarde, a las puertas de otro abrumador triunfo del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con la llegada del coronavirus, en marzo de este 2020, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decidió poner en práctica un “protocolo de seguridad” contra la pandemia que, en realidad, escondía una persistente persecución política, con acusaciones de terrorismo, sedición y narcotráfico a cuanto militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) conviniera arrinconar. Seguramente con esa idea basada en la ley del talión, sustentada en que durante el gobierno de Evo Morales se había montado un aparato persecutorio que, en lugar de ser desmontado, siguió utilizándose con los nuevos actores al mando de operaciones que incluían detenciones preventivas, detenciones domiciliarias, cartas de negociación extorsivas y métodos de amedrentamiento a quienes se resistían a inventar o “sembrar” pruebas contra exjefes o compañeros de militancia partidaria. Lo hecho por Murillo supera con creces lo que hiciera el último gobierno del MAS, convirtiéndose éste en el autor represivo de una “política de Estado” con olor a revancha, ajuste de cuentas y proscripción del partido que más elecciones y con cifras superadoras del 50% ha ganado en el país desde 2005.

La sofisticación para forzar procesos sin materia justiciable y la grosería llegó a tales grados que, por ejemplo, se acusó de sedición y terrorismo a quien fuera jefa de despacho del presidente Morales, Patricia Hermosa, a la que se encarceló sin otra prueba que registros y conversaciones telefónicas. Una vez privada de libertad, la señora Hermosa perdió al bebé que estaba gestando, argumento legal suficiente que debía inhibir de capturarla a quienes ejecutaron su detención arbitraria e ilegal. Para los objetivos persecutorios, Hermosa era una “sediciosa” y “terrorista”, presuntos delitos que junto al de “narcotraficante” sirvieron para instaurar un régimen del terror, que recuerda a Claudio San Román a cargo del Control Político del MNR en los 50 y 60, y a las dictaduras militares inauguradas por el general René Barrientos Ortuño en 1964.

Miriam Gamboa, señora con 80 años de edad, se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de La Paz, acusada de ser la autora intelectual de la quema de los buses Puma Katari. Gamboa, una anciana con amplio recorrido profesional como experta en planificación en salud, alega inocencia, pero ya cumple un mes de detención en celdas de Obrajes, privada de la visión de un ojo, producto de cataratas. Otro abuso innombrable del que casi nadie se ha enterado.

A la responsable de comunicación de una empresa estatal de servicios le ofrecieron no iniciarle un proceso y menos detenerla si aceptaba involucrar a su jefe en actos de corrupción. Al negarse rotundamente a aceptar tan sórdida proposición, fue acusada por una funcionaria sin título profesional, lo que la inhabilitaba de acceder al trabajo en dicha empresa, y con ese y otros vicios procedimentales fue cautelada con detención domiciliaria, limitante que le impidió trabajar durante casi un año, con acoso callejero por parte de efectivos policiales a su hijo de apenas 12 años de edad.

Son suficientes estos ejemplos preliminares de cómo el poder político e instancias decisorias del Ministerio Público instalaron el miedo en ciudadanas a las que en el supuesto de haber cometido delitos pudieron haber sido sometidas a debido proceso para defenderse en libertad. Lo que le cuestionaron a un minúsculo entorno que no permitía que Evo Morales mirara el horizonte y se encargaba del sistemático control político de fiscales y jueces, terminaron perfeccionando un método de anulación del adversario político, al extremo de que hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos terminaría traicionando su espíritu y esencia, que consiste en denunciar atropellos y sacar cara por las víctimas. Lo contrario: su presidenta, Amparo Carvajal, le manifestó a una de ellas, puesta a buen recaudo, que solamente podría abogar en su favor si hubiera llegado hasta las celdas de un recinto penitenciario, algo así como “si estás en el quinto infierno de la cárcel podemos salir en tu defensa, de lo contrario no”. Como para enmudecer de estupor.

“¿A quién pues hemos perseguido?”, preguntó el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a una conductora televisiva que lo entrevistaba. Se le podría responder que a quienes terminaron muertos en Sacaba, Senkata y el Pedregal. A Patricia Hermosa, Miriam Gamboa y a la funcionaria de la empresa estatal a la que quisieron extorsionar presionándola para inventarle delitos a su jefe. Debemos suponer que Arias no tendrá respuesta, aunque ponga a todos los avengers en miniatura con los que suele acudir a sus patéticas intervenciones mediáticas, sobre las que a propósito —persecución mediática— también hay un representativo conjunto de hechos a cargo de periodistas que avalaron el golpe, sin jamás referirse a estas indignantes violaciones a los derechos humanos: Imposible. Estaban en paroxismo obsesionados con sacar del poder al “tirano” y a sollozar de emoción por la gesta de los llamados pititas, esos a los que han convertido en símbolo de 21 días en los que se defenestró a Evo y a los suyos con escalonados motines policiales y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia del Presidente. Los mismos que hasta hace una semana invocaban un golpe cívico-militar porque también se habría producido fraude en las elecciones del pasado 18 de octubre.

Era tal el grado de excitación entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, que referentes de opinión como Carlos Hugo Molina escribieron tuits con aliento épico y un grado de cursilería desconcertante, desmentido posteriormente por la evolución de los acontecimientos: “Gracias Presidente. Impresiona la mezcla de magia y milagro que alinearon el aletear dialéctico de la mariposa para vivir lo que vivimos. Vamos a cuidarte Jeanine, necesitamos que esto salga lo más humano posible (sic). Mantené tu sonrisa, y cuando creas necesario, convocá a los pititas”. Sublime. Como el chocolate peruano.

Por un video producido en un laboratorio audiovisual

Un intendente municipal de La Paz con grado policial contaminó el proceso de persecución- investigación que se inició contra el que fuera gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, interviniendo sin competencia legal en el mismo. Se lo acusó de uso indebido de bienes del Estado con el insostenible argumento de haber producido un video en el Laboratorio Audiovisual que instaló la empresa de transporte en una de sus estaciones (Línea Celeste) con el propósito de ofrecer infraestructura y capacitación en la materia al público en general que estuviera interesado en la producción de imágenes en movimiento. En otras palabras, dicho laboratorio prestaba un servicio como parte de las iniciativas vinculadas a la comunicación y a la cultura que el sistema de transporte puso en funcionamiento, producto de su compromiso con la comunidad.

Los acusadores, a la cabeza del sustituto de Dockweiler, Jorge Bonadona, directamente relacionado con el Gobierno Municipal de La Paz, utilizaron un breve testimonial en que una persona de aproximadamente 45 años hace una exhortación reflexiva con respecto de la coyuntura electoral que se vivía en el país en ese momento, previo a las anuladas elecciones del 20 de octubre del pasado año. No se trataba de un spot de campaña con autoría partidaria, por lo que la argumentación caía por su propio peso. A partir de ese momento, quien fuera artífice y conductor gerencial de una de las obras fundamentales que le ha cambiado la cotidianidad a las ciudades de La Paz y El Alto con este sistema de transporte, comenzó a ser perseguido y, como no admitió culpabilidad alguna, decidió ponerse a resguardo para eludir su detención.

Por si esto fuera poco, a Dockweiler también se lo acusó de presionar y obligar al personal de Mi Teleférico a entregar aportes para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando, según su versión y la de los propios trabajadores de la empresa, los montos fueron otorgados libre y voluntariamente. Todo traído de los pelos con la instigación de ministros como el de la Presidencia, Yerko Nuñez, y el de Obras Públicas, Iván Arias, el que preguntó en televisión “¿A quién hemos perseguido?”. Objetivo central: Anular políticamente al fundador gerente de Mi Teleférico que a lo largo de su gestión demostró que una empresa estatal, bien gestionada, puede exhibir números favorables con efectos multiplicadores.

Una justicia putrefacta al servicio del poder de turno

Debido proceso es el concepto con el que se enjuicia a una persona cumpliéndose rigurosamente todas las instancias que comprenden el trayecto de un juicio transparente, desde el levantamiento de información a partir de indicios hasta el momento final de la sentencia condenatoria, que en los casos analizados ha sido sustituido por el uso excesivo y violatorio de los derechos humanos de la detención preventiva, y sucede cuando el Ministerio Público y el aparato judicial se hallan condicionados en todas sus instancias por el poder político de turno. Fue en ese ámbito que el Tribunal Constitucional otorgó carta blanca a Evo Morales para que se habilitara como candidato presidencial, aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José. Tres años más tarde de tan cuestionada decisión, incluso en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el que fuera ministro de Justicia y abogado de confianza de Evo, Héctor Arce Zaconeta, ha reconocido hace unos días en entrevista televisiva que se trató de “el más grave de los errores”, reconocimiento tardío, por lo que él mismo tuvo que padecer refugiado en la residencia de la Embajada de México en La Paz, y sin prever consecuencias para todos sus “compañeros” a los que se persiguió, extorsionó y apresó indebidamente durante el último año.

Las características fundamentales de la persecución política durante el gobierno de facto son las siguientes: incumplimiento de principios y procedimientos penales, injerencia política del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público; fabricación de delitos, órdenes de aprehensión sin debida citación previa; uso de medios de comunicación para fines de desprestigio; abuso contra terceros para fines declaratorios e incriminatorios; involucramiento de familiares —parejas, hijos— con ampliación de procesos; presiones para cambiar declaraciones de testigos; búsqueda de “testigos” para declaraciones en contra de los perseguidos de turno a cambio de reinserción u otorgación de fuentes laborales.

Ése es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto, la que fuera ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, destituyó al embajador en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, a sabiendas del cáncer que lo aquejaba, por lo que su despido era ilegal. Digamos que ejerciendo otra forma sutil y perversa de persecución política. Ayer sábado 14 de noviembre nos enteramos que lamentablemente Rodríguez Ostria falleció en Lima, al que recordaremos como historiador de valiosas investigaciones como “Sin tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista en Bolivia” (2006) y “Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920-1977” (2017).