A 40 años de la dictadura de Garcia Meza

Golpe de Estado de 2019

Durante los años 70' y 80' del siglo XX, Bolivia y países vecinos de Sudamérica padecieron las dictaduras más sangrientas de su historia, en un escenario de confrontación Este-Oeste, bajo las directrices alienantes de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Bajo el argumento de la “lucha anticomunista” y en favor de la “civilización occidental y cristiana” (en especial con el nacionalcatolicismo de los militares argentinos que copiaron del dictador español Francisco Franco), se cometieron actos de lesa humanidad como asesinatos, torturas, confinamientos y desapariciones, llegando incluso al nivel de internacionalizar las actividades de terrorismo de Estado. El Plan Cóndor fue el ejemplo claro del direccionamiento de los gobiernos militares con la potencia imperial en ese tiempo de Guerra Fría.

En ese contexto, con el fin de evitar la emergencia de un gobierno de izquierda en Bolivia por la vía democrática, el 17 de julio de 1980 se perpetró un sangriento golpe de Estado, encabezado por el Gral. Luis García Meza y su esbirro Luis Arce Gómez. Se interrumpió así el mandato del gobierno transitorio de Lidia Gueiler Tejada, primera mujer con la primera magistratura del país, obligándole a renunciar a su presidencia e impidiendo la proclamación constitucional del Dr. Hernán Siles Zuazo, quien había ganado con un destacado 38,74% las elecciones presidenciales de 29 de junio de 1980.

A tiempo de la consumación del golpe defenestrando a la presidenta por la vía de las amenazas, grupos paramilitares dirigidos por esbirros de la dictadura argentina, fascistas italianos y criminales de guerra nazis, asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se reunía de emergencia el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) por las noticias de la asonada militar. Fue en aquel operativo que líderes de organizaciones políticas y sociales fueron asesinados, arrestados y posteriormente torturados en las caballerizas del gran cuartel de Miraflores. Se destaca la figura del candidato y líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien después de dispararle a la salida de la sede sindical citada, lo condujeron al Estado Mayor del Ejército para terminar con su vida, procediendo con la desaparición del cadáver de una de las vidas más ilustres de ese tiempo.

La dictadura del 17 de julio es considerada una de las más sangrientas de la historia del país. Durante su fatídica administración gubernamental se cometieron al alrededor de 500 asesinatos y desapariciones forzadas, además de ser detenidas más de 4000 personas entre líderes políticos, sindicales, y estudiantiles, muchos de ellos siendo torturados y confinados por grupos paramilitares que actuaban al margen de la Ley y bajo la dirección del ministro de gobierno Arce Gómez, quien igual a Torquemada persiguió de forma inquisitiva todo signo de oposición al régimen, que se autoproclamó de manera rimbombante como de “reconstrucción nacional”.

Rememorando 40 años de aquella triste experiencia, la historia nos muestra que ésta puede repetirse si se ignora el pasado. Actualmente Bolivia tiene un Ejecutivo producto de un golpe de Estado civil-militar, que se consumó el 10 de noviembre de 2019 contra un Gobierno constitucional de un presidente electo demócratamente con más del 60% de los votos el 2014.

La actual administración a todas vistas inconstitucional de la senadora Jeanine Añez, es responsable de la muerte violenta de 36 personas y centenares de heridos, además de varios detenidos por la represión ejercida durante su gobierno. Un “gobierno de transición” cometió en menos de seis meses crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en el país, bajo el pretexto infundado de “lucha contra el terrorismo”. Su ministro de gobierno recuerda a Arce Gómez cuando criminalizaba toda oposición y protesta contra el régimen, etiquetando de rebeldes subversivos y terroristas a todos aquellos que estén contra la gestión de gobierno.

No hay diferencias sustanciales entre el esbirro de García Mesa y el de Añez. Ambos amenazan y etiquetan a la oposición, acusando a la misma de “terrorista”. No es necesario que Murillo indique que los opositores deben andar con el “testamento bajo el brazo” como en su momento dijo el militar que pasó a la historia como el “ministro de la cocaína”. No hay diferencia entre amenazar de muerte y la cárcel si se hace con fines de persecución. La lógica de la confrontación permanente contra delincuentes subversivos es el arma de los gobiernos para perseguir a todo lo que huela a oposición. Por ello no hay diferencias entre el actuar del gobierno militar del 80 y la actual administración de la senadora Añez.

Hace unos días, el gobierno de facto de Añez aprobó, mediante decreto, el ascenso a generales e imposición de sables a miembros de las Fuerzas Armadas, sobreponiendo esa determinación por encima de la Constitución Política del Estado. Es un ejemplo más de la deriva autoritaria del régimen, que en noviembre del año pasado promulgó un decreto inconstitucional que daba impunidad a los militares para matar. Los días en que estuvo vigente dicha norma se cometieron masacres en Sacaba y Senkata, que recuerdan hechos luctuosos de nuestra historia como Tolata y Epizana en 1974, la masacre de Todos Santos en 1979 y octubre del 2003.

A esto se suma la petición de los grupos afines a Añez, el cierre del congreso y la postergación de las elecciones generales como salida democrática ante la crisis política, sanitaria y económica que vive el país. Todo esto lleva a deducir que, en Bolivia se proyecta la consumación de un golpe al estilo de los 70s y 80s.

A 40 años de aquel del 17 de julio de 1980, el pueblo y, en especial la juventud, tienen la responsabilidad de recuperar la memoria de la desmemoria histórica, para no permitir que en el país retornen los tiempos de oscuridad y nefastos de la historia. La juventud tiene el deber de no permitir que les roben la utopía, la voz, la libertad y su futuro.

¡Gloria a los mártires por la democracia!