Jeanine y el lobo

El carácter accidental del Gobierno de Jeanine Añez se sustenta en dos principios legales: la sucesión Constitucional, de la entonces Senadora por el Beni, y la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días. Desde que Añez se autoproclamara Presidente, han transcurrido 9 meses y medio y el plazo para la convocatoria a elecciones se ha modificado tres veces.

La primera fecha para elecciones se definió para 3 de mayo –fecha que contemplaba una ampliación de mandato del Gobierno interino y la Asamblea Legislativa-, ese plazo se amplió nuevamente por 90 días, después el plazo volvió a modificarse hasta el 6 de septiembre y ahora, hay un nuevo plazo fijado para el 19 de octubre. Estas ampliaciones se dan en el marco de la pandemia, ante el temor de alcanzar “el pico máximo de contagios” que nos anunciaron que llegaría en mayo, luego en agosto, luego en septiembre, algo así como el cuento del niño que gritaba que venía el lobo.

Pero ¿cómo determinar este pico con las cifras oficiales si Bolivia es uno de los países en la región que realiza menos pruebas por habitantes? Mientras que en Brasil se realizaron 4'911.063 pruebas y en Perú se realizaron 1’983.932 pruebas, en Bolivia se realizaron apenas 114.270¹, muchas de las cuales se realizan en laboratorios privados dónde una prueba puede llegar a costar hasta 1.000 Bs² y dónde los laboratorios tienen un rezago en el procesamiento de pruebas de hasta 20 días³.

A pesar de que transcurrieron casi 5 meses desde el primer caso confirmado, Bolivia no ha asumió las acciones para encarar esta crisis sanitaria. De las 1.200 camas de terapia intensiva que la OMS recomienda tener, Bolivia cuenta apenas con 301 camas funcionales⁴, la cuarta parte. Ante la dificultad del acceso a pruebas y el colapso de los hospitales, los contagiados deben enfrentar al coronavirus en sus hogares, por lo que muchos recurren a la automedicación, prolifera el mercado negro de dióxido de cloro, plasma y oxígeno y la FELCC tiene que levantar de 86 cadáveres en un solo día de personas que mueren sin confirmación de su enfermedad⁵.

Y, mientras el Gobierno interino enfrenta acusaciones de corrupción en la compra de respiradores y gases lacrimógenos y malos manejos dentro de algunas instituciones como ENTEL y YPFB, Bolivia comienza a sentir otro de los efectos de la pandemia del coronavirus: la crisis económica. De acuerdo a la CEPAL, la pobreza extrema se incrementará en Bolivia en 3,8 puntos porcentuales, con respecto al año pasado así como incrementará en desempleo y la precarización del trabajo⁶.

Sin embargo, la lentitud en la reacción en temas de salud contrasta con la eficiente acción en otros asuntos. El Gobierno interino es muy prolífico en la promulgación de Decretos Supremos, entre los que destacan los derogados DS 4078 que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) y el “decreto mordaza” D.S. 4231 o el vigente DS 4232 que autoriza realizar procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados. O la toma de decisiones que competirían asumir a un Gobierno electo, como el cierre de los Ministerios de culturas y el Ministerio de deportes, la ruptura de relaciones con el Gobierno de Cuba, el cierre de las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua o la salida de Bolivia de UNASUR.

Y así, mientras nos atemorizan con el cuento de que ahí viene el lobo, no comprendemos que ya caímos en sus fauces, entre la pandemia y la inacción de las autoridades. Ante esta coyuntura, la respuesta no es postergar nuevamente las elecciones. Lo que necesitamos es un Gobierno legítimo, capaz de encarar la crisis sanitaria y económica; un gobierno, cuyo mandato emane de las urnas.